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El acceso presencial a los servicios bancarios ha mejorado en los últimos años, especialmente para determinados colectivos en riesgo de exclusión, como las personas mayores y la población rural. No obstante, se detecta un elevado riesgo de exclusión entre los inmigrantes en situación irregular, debido a las dificultades para acceder a cuentas de pago básicas y a la menor educación financiera.
 
Así se desprende del Informe de Inclusión Financiera 2025, que analiza la evolución de la accesibilidad a los servicios bancarios y al efectivo, elaborado por el Banco de España.
 
Entre 2021 y 2024, la accesibilidad a los servicios financieros ha mejorado de forma significativa, especialmente en el ámbito rural, pese a que ha continuado el proceso de ajuste de la red tradicional de oficinas y cajeros. En este periodo, 608 municipios, en su mayoría de menos de 500 habitantes, han pasado a contar con servicios bancarios presenciales, gracias sobre todo al despliegue de oficinas móviles (ofibuses).
 
En concreto, en los municipios de menos de 500 habitantes, los puntos de acceso presencial aumentaron un 55% gracias a la incorporación de 712 ofibuses y 175 cajeros fijos. En este sentido, aunque cada vez hay menos cajeros, este servicio se amplió a 94 localidades. 
 
Por territorios, sólo la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia cuentan con puntos de acceso presenciales en todos los municipios, mientras que Cataluña ha experimentado una mejora en accesibilidad muy significativa en los últimos años. Por el contrario, Castilla y León y Aragón concentran el mayor número de municipios sin acceso, debido en gran medida a su baja densidad de población, si bien la situación también ha mejorado en ambos casos.
 
Por su parte, Andalucía es la comunidad con mayor número de puntos de acceso de España, con 11.296 entre oficinas, cajeros y medios alternativos, por delante de Cataluña y Madrid.
 
En cuanto a la población inmigrante, el informe concluye que no existe un problema general de inclusión financiera entre quienes se encuentran en situación regular, ya que las diferencias respecto a la población nativa en cuanto a disposición de cuentas corrientes, uso de tarjetas de crédito, vehículos de ahorro e hipotecas no son sustanciales y, además, se reducen cuando se comparan perfiles similares de edad y renta.
 
Sin embargo, la situación es distinta entre los inmigrantes en situación irregular, para quienes persisten importantes obstáculos de acceso al sistema financiero. En este colectivo, el número de cuentas de pago básicas es muy reducido en relación con su tamaño (una cuenta por cada ocho inmigrantes en situación irregular), que además ha crecido de forma significativa en los últimos años. 
 
Fuente: Banco de España

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