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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmó ayer en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, un protocolo de actuación con los colegios de abogados y procuradores para facilitar a víctimas de la ocupación de viviendas asesoramiento jurídico gratuito de letrados. Díaz Ayuso ha constatado que, aunque el Ejecutivo autonómico carece de competencias para solucionar esta lacra, no va a “ponerse de perfil”.
 
Gracias a este acuerdo, los afectados tendrán igualmente representación procesal de procuradores en los tribunales y atención psicológica en la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD). Para atender estas demandas, el Gobierno regional creará un nuevo servicio especializado sobre ocupación a través del 012 de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, estableciéndose un procedimiento de comunicación con el 112 Ocupación para que las víctimas puedan recibir al instante esta ayuda.
 
La jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado la necesidad de modificar todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de los ocupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos. “Son síntomas de males profundos, pero no son males de España, de la sociedad española, ni de nuestra Constitución, que son buenas y están sanas. Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad”, ha enfatizado Díaz Ayuso.
 
La presidenta madrileña ha alertado de que, detrás de cada denuncia, hay personas, propietarios que pierden sus casas, vecinos que ven alterada la convivencia y barrios enteros deteriorados. “Muchas de esas viviendas finalmente dan cobijo a otros negocios igualmente legales o ilegales, como puede ser la trata de seres humanos o narcopisos”, ha añadido.
 
En este sentido, ha constatado que el Gobierno madrileño va a poner a disposición de los afectados todas las medidas y las herramientas a su disposición para estar a su lado, ayudarles a recuperar sus viviendas y evitar que este mal vaya a más. “Porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales”, ha manifestado.
 
Díaz Ayuso ha destacado que, desde su puesta en marcha en junio de 2022 hasta el 30 de abril de este año, el teléfono 112 Ocupación ha recibido 4.041 llamadas, periodo en el que 246 ciudadanos han alertado sobre este delito en su propiedad privada, habiéndose podido evitar o proceder al desalojo de su vivienda en 44 ocasiones.
 

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