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El Gobierno ha aprobado dos medidas legislativas con el objetivo de impulsar la promoción de vivienda pública, y que han sido incluidas en el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
 
Así, la norma, que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y ha entrado en vigor, incluye la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a SEPES, Entidad Pública del Suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para el desarrollo de una política de vivienda asequible.
 
La norma establece que los inmuebles integrados en el Patrimonio del Estado se integrarán en el patrimonio de la SEPES, que podrá disponer de ellos con arreglo a sus normas específicas. La aportación a SEPES se realiza a través del procedimiento de enajenación previsto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aunque la tasación sí corresponde a SEPES, que la realizará una vez integrados en su patrimonio los inmuebles para incluirlos en su contabilidad patrimonial. Por ello, corresponde a SEPES su regularización registral y catastral.
 
SEPES tendrá en su patrimonio viviendas procedentes del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), entre otros.
 
Además, el Real Decreto-ley contempla una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público con el objetivo de impulsar la vivienda pública. Para ello se simplifica y flexibiliza el marco legal en los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.
 
La norma introduce una modificación en la disposición adicional quincuagésima séptima, relativa al régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública, estableciendo una serie de particularidades a los contratos de concesión cuando éstos tengan por objeto realizar actuaciones de construcción o rehabilitación sobre suelo o inmuebles de titularidad pública y cuyo destino sea el de vivienda social o a precios asequibles.

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