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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Digitalización y Modernización del Sector Financiero que tiene como objetivos impulsar la innovación financiera aprovechando todas las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías, a la vez que se garantiza un adecuado nivel de seguridad tanto para las entidades como para los clientes financieros. Este anteproyecto de Ley se acompaña de dos Reales Decretos que conforman un paquete regulatorio completo para la modernización del sector financiero.
 
Este paquete normativo incorpora al ordenamiento jurídico español diferentes directivas y reglamentos comunitarios y modifica normas nacionales para incentivar la digitalización, fomentar la competencia y aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo entorno tecnológico, con un marco adecuado que mitigue los riesgos, genere confianza entre los usuarios y se preserve la estabilidad financiera.
 
El anteproyecto se ha elaborado en colaboración con el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como de otros organismos con un interés directo en la digitalización del sector financiero.
 
La aplicación de nuevas tecnologías al sector financiero implica grandes cambios derivados de la aparición de nuevos actores y la utilización de nuevas tecnologías. Con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo debe asegurarse la resiliencia operativa y digital de los actores en el sistema financiero.
 
También destacan las novedades en el ámbito de la prestación de servicios de pago y la regulación de los sistemas de pago, para actualizar y modernizar el marco jurídico y fomentar la competencia entre distintos tipos de entidades.
 
En este sentido, se adapta nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento europeo de pagos instantáneos, que busca fomentar la competencia, de forma que nuevos actores, como las entidades de pago y entidades de dinero electrónico puedan ser participantes directos de los sistemas de pagos (Iberpay), igualando así el terreno de juego para todos los participantes. Además, se propone al Banco de España como autoridad competente para supervisar que las administraciones públicas cumplen con la obligación de aceptar pagos procedentes de cuentas extranjeras y se moderniza y flexibiliza el régimen de Iberpay en línea con las infraestructuras de nuestro entorno.
 

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