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La ocupación ilegal está generando un problema social que requiere soluciones por su impacto negativo en el sector inmobiliario, que se traduce en la retirada de viviendas del mercado y la subida de precios. El mercado necesita seguridad jurídica y son necesarias las soluciones en el ámbito de los tribunales, pero también soluciones alternativas como el arbitraje.
 
Ésta es una de las principales conclusiones de la Jornada sobre Ocupación en la que han participado expertos del sector jurídico y que ha sido organizada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, Jaime Cabrero García, Presidente del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), advirtió de que el escenario creado con la ocupación ilegal “está provocando un empobrecimiento de los pequeños propietarios que tienen la vivienda como una inversión para complementar su pensión”. Por ello, una de las soluciones que ofrece seguridad jurídica para propietarios e inquilinos es “promover la inclusión del arbitraje en los contratos de arrendamiento de vivienda, ya que permitiría solucionar los conflictos fuera del ámbito de los tribunales”. En este sentido, destacó la labor que realiza en este sentido el Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid, entidad de la que forma parte COAPIMADRID – AIM, fomentando esta vía alternativa para descongestionar la lentitud de la vía judicial.
 
La Jornada, inaugurada por Jorge Rodrigo Domínguez, Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, permitió conocer de cerca la situación real de afectados por la ocupación ilegal y las dificultades que está generando para los afectados del fenómeno de la inquiocupación. El Consejero destacó las medidas que se están impulsando desde la Comunidad de Madrid para ofrecer soluciones, como el reciente protocolo aprobado que facilitará asesoramiento jurídico gratuito y atención psicológica a las víctimas.
 
Los expertos jurídicos apoyaron la aplicación de las medidas cautelares que permitan autorizar el desahucio con mayor rapidez, cuando existan serios indicios de delito, así como proporcionar más medios a la Administración para facilitar los desalojos en el ámbito de las viviendas públicas. 

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