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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la modificación del Reglamento de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas de Verificación, Inspección y Control (ECU) con el objetivo de adaptar su funcionamiento a la legislación actual, simplificar trámites y ofrecer mayor seguridad jurídica a ciudadanos, empresas y profesionales.
 
Las entidades colaboradoras urbanísticas son compañías privadas especializadas que colaboran con el Ayuntamiento en la comprobación, inspección y control de determinadas actuaciones urbanísticas. Su labor permite agilizar la tramitación de estos procedimientos, siempre bajo las reglas y la supervisión municipal.
 
El reglamento que regula su funcionamiento fue aprobado en 2022. Posteriormente, la legislación de la Comunidad de Madrid estableció un nuevo marco jurídico para estas entidades y con la Ley 7/2024, este régimen pasó a ser también aplicable al Ayuntamiento de Madrid. La modificación aprobada ahora permite adaptar la normativa municipal a este nuevo marco y evitar dudas sobre las reglas que deben aplicar las entidades colaboradoras en la capital.
 
Una de las principales novedades es la simplificación del procedimiento para que una entidad pueda quedar habilitada para intervenir en los procedimientos urbanísticos municipales. Hasta ahora, el reglamento establecía una autorización administrativa previa. Con la modificación, este trámite se sustituye por una declaración responsable, mediante la que la propia entidad declara que cumple los requisitos necesarios para desarrollar sus funciones.
 
De esta manera, la presentación de la declaración responsable permite iniciar la actividad, sin perjuicio de las comprobaciones posteriores que pueda realizar el Ayuntamiento. Se elimina así una carga administrativa y se agiliza la incorporación de las entidades al sistema. Para poder intervenir en los procedimientos municipales, las entidades deberán estar acreditadas e inscritas en el Registro de entidades privadas colaboradoras urbanísticas de la Comunidad de Madrid y cumplir los requisitos establecidos por el Ayuntamiento.
 
La nueva regulación introduce también mayor transparencia en relación con los precios de los servicios que prestan las entidades colaboradoras. Las ECU deberán comunicar cada año al Ayuntamiento los precios que aplicarán por sus servicios, que serán publicados para conocimiento de los interesados. Además, la Junta de Gobierno establecerá anualmente unos límites mínimo y máximo de precios que se actualizarán teniendo en cuenta los costes del servicio y su evolución.
 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid
Fotografía: Ayuntamiento de Madrid 

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